Los terremotos ocurridos en Venezuela y Colombia durante 2026 vuelven a poner en evidencia la alta susceptibilidad ante el peligro sísmico en América del Sur y, particularmente, la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la región. Aunque las características de cada evento son diferentes, ambos casos muestran que la magnitud de un terremoto no determina por sí sola el nivel de emergencia, sino las condiciones del terreno, la profundidad del evento, la calidad de construcción de las edificaciones, la exposición de la población y la capacidad de respuesta son factores determinantes.
El 24 de junio de 2026, Venezuela fue afectada por una secuencia sísmica excepcional, con dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurridos con pocos segundos de diferencia en el norte del país. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos eventos generaron intensidades de hasta IX en la escala de Mercalli Modificada y provocaron importantes efectos de movimiento del terreno.
El impacto sobre la población y la infraestructura fue considerable. La Organización Panamericana de la Salud reportó inicialmente cientos de fallecidos, miles de heridos y edificaciones colapsadas, mientras que evaluaciones posteriores elevaron considerablemente las cifras de víctimas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó preliminarmente daños físicos directos por aproximadamente US$6 700 millones y señaló que alrededor de 1,7 millones de estructuras se encontraban dentro de las zonas afectadas.
La situación también evidenció la importancia de los efectos secundarios de los terremotos. Además del daño estructural producido directamente por la vibración del terreno, los movimientos sísmicos pueden desencadenar deslizamientos, afectar vías de comunicación, interrumpir servicios básicos y dificultar las operaciones de emergencia. En el caso venezolano, el USGS identificó un potencial significativo de generación de movimientos en masa asociados a la secuencia sísmica.
El 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia, con epicentro en el departamento de Chocó. El movimiento fue percibido en una amplia extensión del territorio colombiano y también en países vecinos. La información preliminar reportó daños importantes en ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Quibdó, incluyendo el colapso y daño severo de edificaciones.
En Colombia, los daños reportados muestran precisamente esta interacción entre peligro y vulnerabilidad. En Pereira y Cali se registraron colapsos de edificaciones y daños en infraestructura, mientras que las labores de rescate se vieron condicionadas por interrupciones en las comunicaciones, daños en infraestructura y dificultades de acceso a determinadas zonas.
Foto: The New York Times
La comparación con el Perú resulta particularmente importante porque nuestro país se encuentra en la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana. El Instituto Geofísico del Perú señala que la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana constituye una de las principales fuentes sismogénicas del territorio, a la que se suma la actividad asociada a fallas corticales presentes en los Andes. Esto significa que el Perú no solamente debe prepararse para sismos de origen cortical, sino también para grandes terremotos asociados a la zona de subducción frente a nuestra costa. La experiencia histórica demuestra que eventos de magnitud superior a 7 pueden producir daños importantes sobre extensas áreas. El IGP destaca, entre otros, los terremotos de Arequipa de 2001, de magnitud cercana a 8, y Pisco de 2007, de magnitud 7.9.
Al comparar estos casos resulta importante notar que el peligro sísmico es inevitable, pero el desastre no necesariamente lo es. Uno de los principales aprendizajes de los terremotos de 2026 es que la magnitud del evento constituye solamente una parte del problema. Dos territorios pueden experimentar terremotos de magnitudes similares y registrar consecuencias completamente diferentes.
El daño depende de factores como el tipo de suelo, la distancia y profundidad del terremoto, las características de las edificaciones, el cumplimiento de las normas de construcción, la antigüedad de la infraestructura, la ubicación de la población y la capacidad institucional para responder ante una emergencia.
En Perú, el CISMID ha señalado que las construcciones de adobe constituyen históricamente uno de los componentes más vulnerables frente a terremotos severos. Asimismo, investigaciones recientes del CISMID muestran que las condiciones del suelo y las características de las edificaciones pueden generar diferencias importantes en los niveles de daño incluso dentro de una misma ciudad. El país cuenta con la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente, cuyo objetivo es establecer condiciones mínimas para el diseño de edificaciones y reducir la pérdida de vidas, mantener la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Sin embargo, contar con una normativa no elimina el riesgo si existen edificaciones construidas informalmente, viviendas antiguas, infraestructura crítica vulnerable o asentamientos localizados en zonas expuestas a peligros asociados, como deslizamientos y fenómenos de amplificación sísmica.
Foto: Señal Alternativa
Por ello, la planificación territorial, la evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones, la identificación de infraestructura crítica, la preparación de rutas de evacuación, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y comunicación y la continuidad operativa de los servicios esenciales deben formar parte de una estrategia integral de reducción del riesgo.
Los terremotos de Venezuela y Colombia también muestran que la emergencia no termina cuando cesa el movimiento del suelo. Las réplicas, eventos detonados como deslizamientos, el colapso progresivo de estructuras dañadas, la interrupción de carreteras y servicios básicos y las dificultades para acceder a comunidades aisladas pueden prolongar significativamente los efectos del desastre. Estos eventos demuestran que incluso sociedades ubicadas en regiones con experiencia sísmica pueden enfrentar pérdidas humanas y económicas importantes cuando coinciden un peligro geológico, exposición y vulnerabilidad elevadas.
En el Perú, donde la subducción de la placa de Nazca constituye una fuente permanente de amenaza sísmica, la reducción del riesgo requiere pasar de una lógica centrada exclusivamente en la respuesta a emergencias hacia una política sostenida de prevención y reducción de riesgos El verdadero desafío no consiste en evitar que ocurra un terremoto, algo que actualmente no podemos hacer, sino en lograr que cuando ocurra, nuestras viviendas, hospitales, colegios, carreteras, sistemas de agua, comunicaciones e instituciones puedan resistirlo y continuar funcionando.
Colombia y Venezuela nos recuerdan que la amenaza sísmica es regional. Para Perú, la lección es clara: cada terremoto ocurrido en Sudamérica debe convertirse en información, conocimiento y acciones concretas para reducir nuestro propio riesgo.
Análisis técnico sobre peligro sísmico, vulnerabilidad y gestión del riesgo de desastres.
